Esta semana tuve ocasión de compartir mesa de trabajo y mantel con unos compañeros de Valencia, que habían vivido en primera persona las revueltas estudiantiles, fundamentalmente la del lunes 20, en que se produjeron los enfrentamientos con la policía. Eran tres y cada uno contaba su peripecia particular, pero entre ella me quedo con una que creo resume bastante bien lo que pudo ocurrir. Mi interlocutor iba a pie camino a su despacho en la plaza de España cuando a la altura de la calle San Vicente se vio envuelto por un grupo de estudiantes frente a los cuales, de repente, pararon cuatro furgones de la policía nacional de los cuales, y sin demasiados prolegómenos, bajaron sus ocupantes y empezaron con porras a disolver al grupo que circulaba por el centro de la calle interrumpiendo el tráfico; recordemos que se trataba de una manifestación ilegal. Entre los estudiantes mi compañero enseguida pudo distinguir por una parte a unos adolescentes, clarísimamente alumnos del Instituto Luis Vives, de otros mayores, con pasamontañas, que por su edad venían de otros sitios. La policía no hizo distingos y aplicó la misma contundencia a todos. Se extrañaba mi amigo, y con razón, de que profesionales que deben estar acostumbrados a enfrentarse a todo tipo de revueltas callejeras, no tuviesen la mano izquierda de separar a unos y a otros, a los que venía del Instituto y al “resto”, evitando unos hechos y unas imágenes que inexorablemente se les tenían que tornar en contra.
Tampoco estuvo acertado el Jefe de policía en su explicación de los hechos; aunque fuese una metáfora, debía saber que utilizar la palabra enemigo refiriéndose a un grupo entre los que había adolescentes e incluso niños, es una barbaridad imperdonable.
Como siempre ocurre, ante las aguas revueltas siempre hay pescadores ávidos de hincar el diente: una formación política muy de izquierdas había empezado a instrumentalizar desde un par de días antes la revuelta callejera a través de las redes sociales; un autoproclamado líder estudiantil, invitado a las mismas Cortes por el grupo socialista, clamaba en las calle amenazas de “sangre y fuego”, y hasta un medio digital de ideología perfectamente definida, describía un pie de foto en el que parecía que un policía atacaba a un invidente, cuando en realidad se trataba de un hombre adulto que le había quitado la porra a ese policía, la porra era “confundida” por el citado medio como el bastón del imaginario ciego.
El inicio de los hechos en el Instituto era la queja por los recortes en la educación, una exministra argumentaba la falta de calefacción en el Luis Vives aunque después la directora ha negado que eso sea verdad: la calefacción se apaga a partir de las doce del medio día, lo que no es nada anormal para un clima como el de la ciudad del Turia. Por otra parte, aún estamos a la espera de que alguien nos diga exactamente de que recortes en el sector educativo estamos hablando. Por lo que sabemos estos se recogen en el Decreto Ley 1/2012, veamos sucintamente lo que allí se dice:
Por una parte fija el horario de trabajo para los funcionarios interinos en veinticinco horas semanales, con la reducción proporcional de salarios al nuevo horario (art. 3º), si bien hay excepciones en algunos casos: “mantendrá su jornada y retribuciones actuales el personal no docente en centros docentes, centros de formación e inserción profesional, el personal de emergencias, los destinados en residencias de atención a personas mayores dependientes o con discapacidad, centros de recepción y acogida de menores, centros de reeducación, comedores sociales, centros especializados de atención a mayores, centros de evaluación y orientación de discapacitados”. El motivo de esta reducción es evitar en lo posible que vaya más gente al paro y que la reducción, que se estima necesaria para cumplir los compromisos de déficit, se reparta bajo la premisa de “menos trabajo-menos salario”. Se eliminan temporalmente las ayudas de acción social y las aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores. En cuanto al sector de la educación, se establecen unas “Medidas excepcionales para el personal docente interino, profesorado especialista y de religión católica que no tenga carácter indefinido”, (art. 13), en el sentido de que “los nombramientos vigentes de funcionarios docentes interinos así como los que se efectúen a partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley se extenderán desde la fecha de inicio del servicio y, como máximo, hasta el 30 de junio de cada año, devengándose las partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones”. Se reduce algo el subsidio por incapacidad temporal, sin llegar al existente para los trabajadores del sector privado, menos benevolente que en el público. Prácticamente la totalidad de estas reducciones serán de aplicación solamente durante los años 2012 y 2013 (Disposición final octava).
Además se modifican algunos impuestos, con el fin evidente de aumentar la recaudación, pero eso es para todos: funcionarios, trabajadores, autónomos, etc., sin bien en el caso del IRPF afectará fundamentalmente a las rentas superiores a los 120.000,00 euros anuales.
Todos sabemos que es muy importante la financiación en el sector educativo porque constituye un elemento fundamental en el desarrollo de nuestro jóvenes y de nuestra sociedad, pero considerando que una plaza escolar en el sector público nos cuenta a los contribuyentes casi el doble que la misma plaza en el sector concertado (hay múltiples estudios publicados en Internet que pueden consultarse), que las bajas por IT en el sector público son altísimas en relación a las de los centros concertados, etc., que todos con la crisis hemos reducido nuestras rentas, y primero los trabajadores autónomos, … ¿tanto es el esfuerzo que se pide es una situación excepcional como esta y para un periodo de dos años?
Otra cosa es que nos quejemos, y con razón, de los gastos desproporcionados en que las administraciones han incurrido en los últimos años, pero recordemos que también lo hemos hecho las familias, endeudándonos por encima de nuestras posibilidades. Efectivamente hay que reflexionar sobre la utilidad de muchas inversiones realizadas, pero es cierto que al menos desde la llegada de la democracia, y quizás desde antes, desde el plan de estabilidad del año cincuenta y nueve, ha habido una auténtica obsesión por la creación de infraestructuras en este país, obsesión en la que las distintas fuerzas políticas han estado de acuerdo, y socialmente nadie se ha quejado de ello, merced a lo cual España es uno de los países con mejores carreteras, aeropuertos, trenes de alta velocidad, hospitales, etc., de nuestro entorno. A la vista de múltiples ejemplos que ahora, con las carencias provocadas por la crisis salen a la luz, parece evidente que nos hemos pasado siete pueblos, pero todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, los políticos de todas las ideologías, y repito, con el beneplácito social.
Hay que reconsiderar muchas cosas a partir de los duros momentos que estamos viviendo, pero no es de recibo echar la culpa de todo a los demás. La crisis hay que superarla, el esfuerzo hay que repartirlo de manera proporcional entre todos, por eso hay que aplaudir por ejemplo la limitación del salario de los banqueros cuando haya percibido ayudas públicas, pero es demasiado fácil querer instrumentalizar a unos adolescentes en unas batallas callejeras que en democracia tienen otros cauces de expresión. La responsabilidad no elimina la crítica, pero tampoco la autocrítica.
