A la salida del Consejo de Ministros del pasado viernes, el Vicepresidente Primero Alfredo Pérez Rubalcaba anunció el propósito del Gobierno de iniciar una profunda reforma de lo que conocemos como Pacto Local. La primera ley que abordaba estos aspectos tras la promulgación de la Constitución data de 1985, y desde entonces se han ido produciendo sucesivos cambios, pero ninguno de ellos hasta el momento, ha colmado las aspiraciones del movimiento municipalista.
Los ayuntamientos en España acaparan cada vez más competencias, que no son sino más servicios que deben prestar a los ciudadanos, y que a su vez se traducen en más gasto, sin que la financiación obtenida para hacerle frente haya ido en paralelo. Es sobradamente conocido el esquema de distribución del gasto público según el cual, en un país de estructura federal como es el nuestro, debería repartirse a partes iguales entre Estado, Autonomías y Municipios. Alcanzar este equilibrio fue una reivindicación recurrente de las autonomías mientras el grueso se concentraba en el Estado, pero ahora que la situación ha cambiado de manera extraordinariamente positiva para ellas, parece que se les ha olvidado la necesidad de que los municipios alcancen su tercio.
Conseguir ese trasvase de Comunidades Autónomas a municipios es lo que se conoce como segunda descentralización, la expresión se escucha mucho en determinados foros políticos, pero los avances en ese sentido son más que modestos. Recuerdo unas jornadas dedicadas a fiscalidad local en que me atreví a interpelar al ponente sobre cual era el motivo de tan lento avance: los Ayuntamientos no votan en el Congreso, y aunque los partidos políticos son los mismos en un lugar o en otro, los alcaldes, por grandes que sean las ciudades que rijan, nunca tendrán el poder de “convicción” de un grupo de diputados nacionalistas, a cuyo rebufo por cierto van es resto de los gobiernos regionales, tengan la ideología que tengan.
Así pues, la reforma del Pacto Local lo que buscaría sería una mayor financiación para los pueblos y ciudades; pero por mucho interés que, supongamos porque yo no lo creo, ahora se tuviera por parte de todos, la situación de grave crisis económica que padecemos no aventura que pueda aumentar de forma significativa en el corto plazo. Pero entonces, si es difícil que los ingresos suban, ¿qué pueden hacer los Ayuntamientos? La verdad es que lo tienen crudo, porque en años de vacas gordas han incrementado de forma inconsciente sus gastos ordinarios, han ampliado plantillas de manera alocada, por cierto, muchas veces para enchufar a un montón de amiguetes, se han endeudado hasta las cejas…, y ahora, cuando la sequía de la crisis ha hecho adelgazar a todo bicho viviente, vienen las lamentaciones. Se de casos, y me muerdo la lengua para no decir nombres, en que ha sido precisamente en estos malos momentos cuando de forma temeraria, se ha producido ese endeudamiento y esa vertiginosa subida de gastos ordinarios; enfin…, también hay gente que asa la mantequilla.
No se que ocurre en otros países de nuestro entorno cuando los alcaldes actúan con tal negligencia, que al final acaban pagando de sus bolsillos los ciudadanos a través de sus impuestos, recordemos, unos ciudadanos que de puertas para dentro de sus propias casas, también atraviesan en muchos casos una difícil situación, pero además de un severo correctivo en las urnas, uno echa de menos algún tipo de responsabilidad legal que evite tan lamentables bancarrotas por su acción manirrota.
Un nuevo Pacto Local hace falta sí, y una mejor distribución de los recursos financieros entre las instituciones; también una clarificación de los servicios que debe prestar cada cual de forma que se eviten duplicidades y vacíos, pero por encima de todo unas cuentas claras y correctamente administradas y unos límites presupuestarios que bajo ningún concepto puedan rebasarse por los caprichos de nuestros gobernantes, por muy democráticamente que éstos hayan sido elegidos.
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